Por Leiner Vargas.

Quiénes han venido insistiendo en destrozar la institucionalidad pública costarricense, asumen como premisa central que los problemas de Costa Rica tienen un nombre y apellido, empleados públicos. Nunca en mi vida había escuchado semejantes disparates e insinuaciones tan absurdas, pero al mismo tiempo, tan llenas de odio hacía un sector de nuestra población. Entiendo los motivos de algunos pocos empresarios que quisieran aniquilar al Estado, entiendo los motivos de algunos libertarios, que su ideología los ciega, entiendo los motivos de algunos periodistas y medios de comunicación, que son pagados para un día sí y otro también, poner en negativo el valor público. Pero señores, se están pasando y peor aún, se están paseando en Costa Rica.

Algunos piensan que Costa Rica tiene un Estado grande y disfuncional, están totalmente errados o nunca han salido de las fronteras de este hermoso, verde y democrático territorio. El Estado costarricense es de un tamaño razonable, entendiendo que somos una economía de ingreso medio, cuyo quehacer espera convertirnos en una economía esencialmente de servicios en muy pocos años. Un gasto de 17 puntos porcentuales del PIB no parece ser excesivo, si consideramos que casi un 40 por ciento de dicho gasto es el sector educación, inversión pública necesaria y absolutamente pertinente, en la fase del desarrollo capitalista que vivimos. Un Estado que brinda servicios públicos estratégicos en educación, salud, asistencia social, seguridad ciudadana y elementos complementarios en materia de apoyo y regulación pública. Este tipo de Estado, que brinda servicios básicos y regulación pública al ciudadano, necesariamente tiene un componente muy alto de recurso humano especializado en su estructura y como tal, son los salarios y cargas laborales los principales rubros de gasto. Es por esa razón, que se requiere de altos niveles de competencias y calificación y que, por lo general, son recursos de naturaleza específica, no fácilmente sustituibles en la esfera del mercado.

Si para algunos muy pocos empresarios dueños de escuelas y colegios privados no les gusta la educación básica y secundaria pública de calidad, porqué en medio de una sociedad que envejece, se quedan sin estudiantes, díganlo así, señores, queremos arruinar al Estado para poder sobrevivir en ese segmento de mercado educativo. Si algunos hospitales y clínicas privadas tienen menos demanda cuando la calidad y el servicio mejora en el sector público, entonces no les gusta la competencia, díganlo así, señores, les es más natural que seguir pagando a los medios de comunicación amarillistas para que den mala fama a lo público. Si para algunos banqueros privados que no les gusta la banca pública, o los seguros, las telecomunicaciones, la energía o el agua, en manos de empresas públicas y quisieran pasar a la cartera privada, estos negocios, que bien señores, díganlo así al ciudadano y ganen una elección con decencia, pero dejen de difamar a lo público y a sus colaboradores.

Empero, seamos claros señores de la derecha costarricense, queremos destrozar el Estado para mejorar nuestros negocios privados, no para reducir la desigualdad, no para apoyar al ciudadano de a pie, no para beneficiar a Costa Rica, lo queremos hacer para apropiarnos de los negocios públicos y seguir acumulando ganancias en lo privado. Esas son sus razones, no las de Costa Rica. Que las Universidades de Centro Comercial se queden sin estudiantes o tengan que raspar la olla, es su problema, pero no vengan a desprestigiar el quehacer de quienes estamos en lo público, dando calidad, compromiso y esfuerzo a los costarricenses que no pueden pagar una matrícula, pero que igual que ustedes tienen derecho a progresar con educación de calidad.

Costarricenses, el empleo público es esencial para la sociedad en que vivimos, la calidad y la pertinencia de los servicios al ciudadano dependen de una línea muy fina y frágil, de tal manera que intervenir en él, puede ser, de no tomarse con cuidado la tarea, una gran catástrofe para el ciudadano. No podemos juzgar a un mal maestro y asumir de buenas a primeras que todos los maestros y maestras del país son así de malos, no podemos asumir que todos los funcionarios de la CCSS son negligentes, por la existencia de uno u otro funcionario que no asume su papel de manera proactiva, no podemos acusar de corruptos a todos los policías u oficiales de tránsito, por tener una mala experiencia o una noticia amarillista que intenta convencernos de tal o cuál situación. Nos han querido vender un sector público corrupto, ineficiente y además excesivamente caro, costarricenses, eso es una falacia llena de ideología, de mentira y de saña, en contra de quienes dedican su vida a servir al ciudadano.

“Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre”. Una frase popular que emana de la sabiduría de la calle. El país puede reformar y cambiar en materia de empleo público para bien. Pueden corregirse algunas viejas prácticas que van en contra del sentido común o que ofrecen innecesarios beneficios a clientelas políticas, es posible disminuir y balancear los incentivos públicos a sus empleados, con una dosis de tolerancia y de inteligencia. Empecemos, eso si, por elegir gobernantes decentes y competentes en su labor. Los servicios esenciales del Estado no pueden supeditarse a mediciones estándares o salarios de hambre como se pretende. Las funciones del Estado y su interés estratégico requieren de competencias adecuadamente ejercidas y como tal, de retribuciones acorde con las funciones de cada institución.

Señores y señoras diputados, al igual que ustedes en la Asamblea Legislativa, cada institución pública requiere plantearse preguntas de ajuste y cambio, pero no puede darse dicho proceso en medio de una guerra sin cuartel para desprestigiar la función y al funcionario público que las realiza. No aprobar la ley de empleo público no significa estar a favor de beneficios extraordinarios o prebendas públicas, significa decir no, a quienes ideológicamente quieren cortar a tabla raza sin discutir el fondo del asunto. Estoy seguro de que serán ustedes más inteligentes que el titular de prensa de turno o que los grupos de derecha que intentan destrozar el Estado Social de Derecho que defendemos. Digamos todos juntos, NO a una ley de empleo público, y entierren con sus votos este adefesio de propuesta de ley y digamos NO al gobierno incompetente e incapaz de Carlos Alvarado. Digamos si a una discusión abierta sobre el Estado y sus reformas, digamos sí a una reforma coherente en lo público, digamos sí a la transparencia y al compromiso con una mejor democracia.